Una tarea a cargo del Presidente del Consejo del Poder Judicial, el Procurador General y el Colegio de Abogados

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Introducción

1.- Es una verdad que ninguna persona con sano juicio puede poner en duda, que la sociedad dominicana esta averiada, degradada en lo ético y moral, así como la debilidad de las instituciones. Pero la realidad de las taras sociales y sus efectos nocivos no tienen que ser santificados por todos los que formamos parte de la comunidad dominicana.

2.- Porque en nuestro país no todos los dominicanos y las dominicanas están dominados por el fenómeno de la corrupción, se impone levantar la voz, chillar, quejarse con firmeza y a la vez decir, por la vía que sea, que el robo descarado e impune no debe continuar como hasta ahora. Si guardamos silencio ante el delito, nos hacemos cómplices de lo que entraña fechoría; somos aliados de los que, convertidos en crápulas, practican el ladronismo sin ser castigados.

3.- Los vicios no deben ser estimulados, al contrario, procede ser impedidos, y si existen paralizarlos. En el ambiente dominicano, los ciudadanos y las ciudadanas que no quieren aparecer como indiferentes, fríos e insensibles ante robos realizados en forma atrevida y con el mayor descaro, están en el deber cívico de enfrentarlos pues, de no ser así, en el futuro serian vistos como caguetas, ausentes de entereza y honradez ciudadana.

I.- El ejercicio de la profesión de abogado es para personas decentes

4.- Recibir un título de doctor o licenciado en derecho no quiere decir que el investido queda autorizado a practicar acciones ilícitas sin ser alcanzado por la vara de la justicia. Los profesionales del derecho no están al margen de la ley; ellos deben ser colaboradores de lo que en cada sociedad civilizada se conoce como el servicio judicial. Un ministerio es una ayuda, la obra de quien con honradez la ejerce.

5.- Colocarse la toga y el birrete para llevar a cabo operaciones pecaminosas coloca a su autor al margen de la calificación de hombre o mujer de leyes, para, por el contrario, ser calificado de pillo, pura y simplemente un bandido de saco y corbata que se auxilia de los códigos para perfeccionar sus malandrinadas, bellaquerías y otras tantas sinvergüencerías. El malintencionado no está en condiciones de ser abogado, aunque sí para obrar como vulgar delincuente.

6.- Lo que está demostrando el proceder de muchos de los que aquí se hacen profesionales del derecho para actuar como ladrones, es que en la medida que se deteriora el ordenamiento económico y social del país, en esa misma proporción se ahonda más y más la degradación ética y moral. Cualquier licencioso, deshonesto y vagabundo sirve de ejemplo de la correlación entre el profesional del derecho delincuente y su conexión con los actos ilícitos de nuevo tipo que hoy asombran, puestos en ejecución por lo más podrido, por las escorias que pululan en el seno de los abogados y las bogadas.

7.- Aunque no resulta fácil desenredar las madejas tejidas por los abogados que hacen del delito su actividad habitual, se impone recurrir a todos los medios posibles a los fines de desentrañar las astucias finamente urdidas para tejer ilegalidades con apariencia de legitimidad. Por más maquinaciones que hagan los abogados y las abogadas delincuentes siempre dejan rastros que hacen posible establecer la obra bastarda, fraudulenta, descubrir la trampa y salga a flote la porquería con la cual el togado pillo pretende timar a su víctima.

8.- La persona física o moral que ha resultado lesionada por la práctica corrupta de un profesional del derecho y la delincuencia, necesita ser auxiliada por los poderes públicos y que, además, la sociedad haga causa solidaria con quien ha sido afectado en su patrimonio económico. El Procurador General de la República, el Presidente del Consejo del Poder Judicial y el Colegio de Abogados, están en el deber de poner en movimiento todos los mecanismos legales y disciplinarios para hacerle frente a la basura social que se ha metido a ejercer la honrosa y digna profesión de abogados.

9.- Esa mujer o ese hombre, nacional o extranjero, que hoy fue objeto de un robo fruto de las inconductas de abogados ladrones y sus cómplices dentro de los tribunales y otras dependencias del Estado, mañana puede ser cualquier otra persona decente. A la delincuencia hay que hacerle frente, no acobardarse ante ella. Si la comunidad dominicana se muestra intimidada por los abogados delincuentes, cada dia la seguridad personal y de bienes será más frágil y terminaremos sucumbiendo ante el crimen.

10.- De la mimas forma que el ladrón metido a abogado no tiene compasión para despojar a una persona buena de lo que es fruto de su trabajo honesto, el ciudadano y la ciudadana de bien no tienen que tenerle lástima a quienes en forma despiadada se confabulan para con lo ajeno enriquecerse mediante métodos ilícitos. La ley debe ser igual para todas y todos, y la justicia amparar a quien es vilmente despojado de lo que es el fruto de su trabajo honrado.

II.- El Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República. El Colegio de Abogados. Colegas víctimas de abogados ladrones

11.- La Procuraduría General de la República, el Consejo del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, deben comenzar a higienizar el aparato judicial y darle inicio a la profilaxis que requiere el ejercicio de la profesión de abogados. Estos organismos están en el deber de escoger a sus más honestos, laboriosos y lúcidos investigadores para hurgar y de cualquier forma investigar los actos ilícitos realizados por abogados y cómplices contra personas que hoy se sienten abandonadas; indefensas, sin el amparo judicial, luego de ser esquilmadas por una expropiación injusta.

12.- Si los órganos que componen el Poder Judicial y el Colegio de Abogados, están en disposición de hacer una seria averiguación de los robos que han hecho los ladrones profesionales del derecho, en complicidad con miembros del servicio judicial, van a contar con la colaboración sincera de todos los ciudadanos y las ciudadanas que en el país desean vivir en la decencia y están hastiados de corrupción por todas partes.

13.- El abogado que habitualmente se dedica a delinquir, es un desalmado perturbador que no se detiene ante nada; no tiene compasión y es capaz de involucrar hasta a su mejor amigo en las operaciones de fraude que lleva a cabo con la finalidad de hacer dinero. Hay que estar convencido de que los togados que roban, no solo se dañan ellos como personas, sino también a quienes les sirven con las más buenas intenciones.

14.- Es bien sabido que en el ejercicio de la profesión de abogados, aquellos colegas entre los cuales existen vínculos de amistad acostumbran a prestarse servicios gratuitos y de buena fe. Pero resulta que, a veces, el profesional que solicita el favor lo hace con intención venenosa, para que no figure su nombre en el documento que tiene por finalidad ejecutar una operación dolosa al comienzo, en el curso o al final de un proceso.

15.- El abogado o Notario Público que ha dado asistencia por cortesía a un compañero de profesión, en una instancia, acto auténtico o legalizado, y luego se comprueba que, de buena fe y por solidaridad, fue víctima de una fullería, para limpiar su honor y honra mancillada debe colaborar diciendo la verdad de lo ocurrido. En semejante situación el colega engañado debe ser, en caso de una investigación sobre fraudes, tomado como testigo y no sancionado.

16.-Tengo fija en mi memoria la desgarradora confesión que me hizo de viva voz, y dándome constancia, un Notario Público, de la falta que cometió por complacer a un amigo, al certificar y dar fe de la firma puesta en su presencia de una persona que nunca en su vida ha visto, y con el agravante de que el documento que figura instrumentando fue utilizado en un proceso fraudulento de embargo inmobiliario contra una empresa comercial, despojada de inmuebles de su propiedad con un valor económico en millones de pesos.

17.- La reputación de los abogados y abogadas, hoy cuestionada por amplios sectores de la sociedad, al igual que el servicio judicial, solo puede ser recobrada haciendo una labor de limpieza, excluyendo ese material humano nocivo que ha hundido en el descrédito, llevado a la desaprobación y el desprestigio a los hombres y mujeres de la toga y el birrete, como también a los representantes de Themis, la diosa de la justicia.

18.- Asear la profesión de abogado y a la justicia, limpiándolas de las lacras que la dañan, es un servicio que se le hace a los que con decencia ejercen la abogacía, al Poder Judicial y a la sociedad en general. A la pureza, a la higiene y el saneamiento solamente se oponen los mancillados, impuros y deshonestos. Rescatar el brillo de la profesión de los doctores, licenciados en derecho y de la justicia, ha de ser obra de los que no las ensombrecen con sus malas prácticas.

19.- Los abogados y las abogadas con un ejercicio decente, digno y honorable, no tienen justos motivos para hacer causa común con aquellos que colocándose al margen de la ética profesional, han llevado la profesión al descrédito. De igual manera, los miembros del Poder Judicial, sean magistrados o alguaciles, no deben lamentarse, ni hacer causa solidaria con los que trafican con sentencia, ni con los ministeriales que hacen notificaciones en el aire.

Reflexiones finales

a.- Aunque muchos de los abogados ladrones y sus cómplices son reincidentes en las ejecuciones de sus fechorías, a ellos se les debe respetar su presunción de inocencia. Por muy degenerado que sea un delincuente, no se le deben vulnerar sus derechos, porque por encima de la indignación que genera en la víctima un acto delincuencial, hay que mantener la consideración que merece la persona humana y el respeto al debido proceso.

b.- Llegar a tener una sociedad en la cual se pueda vivir con un mínimo de garantía y decencia, no debe ser la preocupación de un ciudadano actuando individualmente, sino la decisión de la mayoría de la población que unifique voluntades para iniciar la limpieza que manda el medio donde vive.

c.- Se hace necesario el trabajo de colaboración entre los ciudadanos y las ciudadanas que aspiran a contar con profesionales del derecho honrados; jueces confiables; fiscales que enfrenten el delito; alguaciles honestos, empleados judiciales que sean servidores públicos y no de los delincuentes. En fin, precisamos de investigadores que pongan su talento y habilidades para descubrir a los investigados y que las pruebas de los delitos sean obtenidas rodeadas de toda legalidad.

d.- Si en verdad queremos comenzar a limpiar el medio social del cual formamos parte, hay que luchar contra el delincuente; cooperar con los que desean poner en evidencia al corrupto; participar y auxiliar al investigador que busca descubrir al malhechor. La más mínima ayuda sirve en una investigación contra una asociación de criminales.

e.- Para probar un alegato o un hecho de cualquier naturaleza hay que presentar las evidencias, la certidumbre de lo que se busca demostrar. Aquel que no puede acreditar lo que alega no está en condiciones de argumentar. Por tanto, si decimos que en varios departamentos judiciales de la Región Norte del país funciona una asociación ilícita, integrada por profesionales del derecho y miembros del Poder Judicial, para despojar mediante procesos fraudulentos a propietarios nacionales y extranjeros, de inmuebles, estamos en la obligación de aportar las pruebas de las afirmaciones que hacemos.

f.- Si el objetivo es vencer el delito, en su contra deben actuar unidos todos los que lo adversan. La labor de profilaxis social es colectiva, no individual. En consecuencia, debe haber alianza sincera, obrar en conjunto; con desprendimiento, solidaridad y perseverancia para poner en manos del fiscal o el órgano investigador que sea, cualquier medio de prueba que haga posible sancionar a esa minoría que deshonra el limpio ejercicio de la profesión de abogado.

g.- Los fundamentos, los indicios, las muestras, las señales, las piezas para probar que existe y funciona el grupo de delincuentes metidos a abogados, hay que escudriñar allí donde es posible encontrar elementos probatorios, sea en los expedientes viciados, recurriendo a las víctimas o a sus abogados. Los colegas interesados en enfrentar a los abogados que afrentan la profesión deben prestarse mutua colaboración, intercambiando informaciones, estableciendo reciprocidad en la permuta de documentos edificantes.

h.- Una seria investigación debe ser hecha sin prejuicio alguno, tratando en todo momento de que salga a flote la verdad, poniendo por delante la limpieza de la pesquisa a los fines de que el resultado sea en lo absoluto diáfano. Los investigadores no deben proceder con desesperación para obtener el fin perseguido que es desentrañar lo oculto, evidenciar la falsedad, despejar dudas y que, al final, la sociedad quede convencida de que se ha hecho un trabajo lleno de limpieza.

i.- Al aislar lo dañino extirpando del cuerpo social, que es el conjunto de los abogados y abogadas, estamos haciendo un aporte significativo a las futuras generaciones de los profesionales del derecho, para que en el futuro lleguen a ejercer sin ser señalados como que son integrantes de un ministerio que engaña y roba.

j.- Resulta saludable, para comenzar a limpiar el Poder Judicial de las alimañas en el instaladas, que se haga saber que ese órgano es uno solo; que el que existe en la ciudad capital y en Santiago de los Caballeros, debe funcionar por igual en la línea noroeste, en particular en Montecristi, donde, al parecer, hay un servicio judicial al margen del que consagra la Constitución de la República, para la sociedad dominicana, no para proteger a particulares.

k.- El día jueves 7 de enero de 1988, en nuestra condición de Presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, denunciamos que tribunales de esa jurisdicción estaban poniendo en libertad a narcotraficantes a cambio de dinero.

l.- El doctor Ramón González Hardy, para la ocasión Procurador General de la República, ordenó realizar una investigación a la licenciada Semiramis Olivo de Pichardo, quien se desempeñaba como Procuradora General de la Corte de Apelación de Santiago. Comprobadas las informaciones que habíamos dado, se llevaron a cabo cancelaciones de jueces, fiscales y el reapresamiento de un narco que había pagado RD$ 25,000.00, para ser puesto en libertad. También fueron detenidos algunos abogados de la ciudad capital y particulares que servían de intermediarios entre funcionarios corruptos y delincuentes.

m.- Es de esperar que la atinada decisión tomada en aquel momento por el doctor Ramón González Hardy, y la capacidad, responsabilidad y reciedumbre demostrada por la licenciada Semiramis Olivo de Pichardo, estén nuevamente presentes en el actual máximo representante del Ministerio Público, el Presidente del Consejo del Poder Judicial y de la persona que se escoja para investigar las numerosas y notorias acciones delincuenciales ejecutadas por profesionales del derecho, y miembros del Poder Judicial.

n.- Para la época que hicimos la denuncia de miembros del servicio judicial de Santiago, a favor de narcotraficantes, fuimos objeto, al igual que nuestra familia, de toda clase de amenazas e injurias. Hoy, al igual que ayer, estamos preparados para hacerle frente a los que sintiéndose afectados por el contenido de este escrito, traten por cualquier vía de accionar en contra nuestra.

ñ.- No escapa a mi conocimiento que en cual medio donde funciona la delincuencia de saco y corbata, ella no está sola, ni mucho menos abandonada a su suerte. Ella siempre cuenta con aliados incondicionales que la apoyan en sus actividades ilícitas, a cambio de dinero, beneficio político y hasta lo sentimental se pone al servicio del delincuente que mueve amplias sumas de dinero, fruto de sus operaciones ilícitas. Pero nada. Hay que actuar contra la criminalidad sin importar los escenarios y las consecuencias, porque una de dos: accionamos dando el frente, o sucumbe la sociedad arrodillada ante el delito.

Santiago de los Caballeros, 6 de enero de 2020

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